El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció este viernes la postergación del nuevo modelo penal de enjuiciamiento hasta febrero de 2027. Esta decisión representa el tercer retraso en la implementación de un sistema que prometía reducir la politización de los juzgados federales, una iniciativa que había sido impulsada por el ex ministro Mariano Cúneo Libarona, quien dejó su cargo sin lograr su puesta en marcha.
Mahiques justificó esta nueva dilación alegando cuestiones relacionadas con los recursos, a pesar de que días atrás había señalado que este no era el motivo para suspender el inicio del sistema. Mientras que el modelo ya se aplica en doce provincias, su implementación en el fuero más sensible, que se encarga de juzgar casos de corrupción de funcionarios del gobierno nacional, se sigue postergando.
El sistema acusatorio, establecido por la Constitución de 1994, lleva un retraso de 31 años en su aplicación. Su implementación significaría un cambio radical en las funciones y poderes dentro del sistema judicial, ya que los jueces federales perderían su capacidad de investigar, un poder que pasaría a manos de los fiscales. Además, los eternos plazos de las causas se verían reducidos, y los trámites dejarían de ser secretos, convirtiéndose en audiencias públicas.
Sin embargo, en Comodoro Py no existe una urgencia por modificar esta situación. En la actualidad, los jueces de Retiro reciben denuncias, las archivan durante años y las utilizan como herramientas de negociación política. Un juez de Santa Fe expresó: "La saco y en un minuto tengo sentado a un diputado, a un ministro o al jefe de gabinete. La meto en un cajón y consigo que me deban algo".
El gobierno no descarta la posibilidad de abrir negociaciones entre la Corte y Comodoro Py para alcanzar una "paz judicial". Un aspecto crucial que también complica la implementación del nuevo sistema es la lucha interna por elegir al fiscal coordinador, una figura que tendrá un papel clave en la definición de quién se encargará de cada causa.
En el sistema acusatorio, los fiscales, al tener el control de las investigaciones, asumen el poder que antes pertenecía a los jueces. La disputa entre el Ministerio de Justicia y la Procuración General de la Corte gira en torno a quién asumirá el rol de fiscal coordinador, responsable de definir la línea de persecución y la asignación de cargas de trabajo. Esta interna se centra en tres figuras del Ministerio Público Federal porteño: Diego Luciani, fiscal de la causa Vialidad que resultó en la condena de Cristina Kirchner; Carlos Stornelli, fiscal de la causa Cuadernos con un pasado polémico; y Ramiro González, quien celebró su cumpleaños con una ostentosa fiesta que incluyó a jueces federales y figuras del entorno macrista.
Un analista y funcionario con despacho en Retiro comentó: "La pelea sigue siendo la misma, quién dirige la Procuración y el fiscal responsable. Hasta que no definan quién alineará a la tropa en Comodoro Py, no habrá avances". Este sentimiento es compartido por Javier Alfie, director Ejecutivo del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), quien afirmó que existe una lucha interna en la Procuración para definir cómo se tramitarán las causas de corrupción. En esta disputa, intervienen mafias judiciales que controlan Comodoro Py, buscando mantener un modelo que garantice la impunidad sistémica.
El Inecip señala que ya han pasado 13 años desde la aprobación del Código Procesal Penal, y tres años desde que el gobierno reactivó su implementación, prometiendo hacerlo en un plazo de dos años. Dos años han transcurrido desde que se anunció por primera vez una fecha de vigencia para Comodoro Py. Esta indefinición, más que la supuesta falta de recursos, es lo que llevó a Mahiques a postergar el inicio de un sistema que, sin nombramientos especiales, ya funciona en la mitad del país.
Cúneo Libarona sufrió dos postergaciones similares. El sistema debía comenzar el 11 de agosto de 2025, luego se cambió al 10 de noviembre de ese año, y al llegar esa fecha, se volvió a diferir para el 27 de abril de este año. Ahora, el calendario se estira nuevamente. La Procuración General de la Corte, bajo el mando de Eduardo Casal, quien lleva un interinato de ocho años, sostiene que para cambiar el modelo judicial es necesario garantizar recursos humanos, tecnológicos y edilicios.
Los problemas y justificaciones que se presentan para obtener el visto bueno del poder político para no iniciar el sistema acusatorio en Comodoro Py son cuestiones pendientes de resolución en las doce provincias que ya lo han implementado. Según un funcionario de la Justicia Federal de Rosario, esta es una justificación completamente inválida.
En Rosario, por ejemplo, los jueces de garantías que llevan a cabo las audiencias iniciales donde se imputa a un detenido son magistrados de Tribunales Orales que cumplen esa función. En Corrientes, para los juicios orales, intervienen un juez de General Roca y otro de Formosa. Los que definen con Casal quién será el fiscal coordinador son Juan Manuel Olima y Juan Manuel Casanova, pero nada avanzará sin el consentimiento de la Casa Rosada o, al menos, sin una negociación.
En este contexto, Karina Milei busca establecer conexiones con Comodoro Py, preocupada por las causas en curso. Con una gestión que se extiende por los últimos dos años, la influencia y poder de presión de los jueces federales se activa. Mahiques y Santiago Viola, como delegados de Karina, intentarán influir en los nombramientos del fiscal coordinador y del fiscal revisor para suavizar los compromisos judiciales en la Casa Rosada.
La lucha por designar al procurador de la Corte que lidera a los fiscales federales también forma parte de este entramado. Los jueces Ariel Lijo y Mariano Borinsky son algunos de los que buscan ocupar el lugar de Casal, quien ha estado en su cargo durante años.
Existen fiscales que soportan sin objeciones que un juez federal mantenga un pedido de indagatoria sin citar a los implicados durante siete años. La lentitud del trabajo judicial en Comodoro Py es alarmante, con récords nacionales en demoras y en la cantidad de funcionarios.
La ironía para los funcionarios judiciales que siguen esta eterna rosca es la preocupación que expresan, tanto en la Procuración como entre los jueces federales, por los posibles inconvenientes que traería la entrada en vigor del sistema acusatorio. Un juez rosarino comentó: "Lo dicen muy serios fiscales que toleran que un juez federal tenga un pedido de indagatoria sin citar a los implicados durante siete años. La morosidad en Comodoro Py es tremenda, con récords de demoras y cantidad de funcionarios".
La capacidad política de manipular los tiempos en el sistema acusatorio se terminará. Los fiscales federales iniciarán las investigaciones desde el principio y deberán llevar a audiencia a los imputados en un breve plazo, decisión que no dependerá de ellos, sino de una oficina de gestión judicial. Los jueces solo evaluarán las pruebas en una sala abierta al público sin restricciones.
El Inecip destacó en un documento del año pasado que los fiscales federales de la CABA tienen la carga de trabajo más baja del país. Solo el 1% de las condenas en Comodoro Py corresponde a delitos de alto impacto. La implementación del sistema acusatorio es fundamental para optimizar el uso de recursos y mejorar la actual tasa de eficacia político-criminal, que se sitúa en un 1%.
A pesar de que el año pasado Comodoro Py logró imponer su voluntad, Cúneo Libarona envió una carta a Casal, señalando que solo el 3% de las causas que manejan son por delitos relevantes. En Comodoro Py, las causas por narcocriminalidad representaron en 2024 el 0,84% del total, las de corrupción el 0,51% y las de criminalidad económica el 0,08%.
Alfie concluyó que esto ocurre en un fuero en CABA que presenta una cantidad desproporcionada de recursos humanos en comparación con otros distritos del país.