Este viernes se cierra el plazo para que Toto Caputo cumpla con el fallo que favorece a las universidades, lo que lo llevará a enfrentar un déficit significativo. El superávit que Javier Milei había presentado como una fortaleza se basa en la violación de obligaciones legales del Estado, y esta situación se desmorona con la llegada de esta fecha crítica.
La decisión judicial reafirma la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que deja al Poder Ejecutivo sin opciones para seguir postergando las transferencias, como ha hecho con los fondos destinados al PAMI o el porcentaje del impuesto al combustible que, por ley, debe ser destinado a las provincias para la reparación de rutas. Además, el Caputo ha incumplido con el envío de fondos de coparticipación a la Ciudad, que, según revelaciones recientes, se redujeron a cero en marzo.
Este incumplimiento de leyes y fallos judiciales se suma a un esquema fiscal cada vez más comprometido por la caída de la recaudación en medio de una recesión económica. El superávit que se había mostrado como un logro es, en realidad, un engaño que oculta una deuda flotante que se vuelve cada vez más insostenible.
El panorama es preocupante. En marzo, el Sector Público Nacional reportó un superávit primario de 745.000 millones de pesos y un superávit financiero de 275.000 millones de pesos después de cubrir los intereses de la deuda. En el acumulado del primer trimestre, el resultado primario se situó en aproximadamente el 0,5% del PBI.
Sin embargo, este superávit se sostiene gracias a un drástico recorte en las transferencias a las provincias, en subsidios y en la obra pública, además de la retención de fondos de manera ilegal. La tensión es evidente: el superávit se construye sobre la postergación de obligaciones, lo que no es solo un ajuste, sino también un manejo estratégico del calendario de pagos.
El economista Christian Buteler advirtió que el resultado base caja oculta una deuda flotante asociada a lo devengado que no se ha pagado, lo que se traduce en conflictos visibles en áreas como el PAMI, el transporte público, la Ley de Financiamiento Universitario y la atención a personas con discapacidad. Por lo tanto, el fallo judicial representa un punto de inflexión, transformando una obligación que había sido postergada en una exigencia inmediata, y lo hace con un monto que no es despreciable dentro del presupuesto nacional.
Los 2,5 billones de pesos que Caputo debe desembolsar obligan a un nuevo cálculo fiscal. Este monto tiene el potencial de erosionar el superávit o, en el peor de los casos, forzar un recorte aún mayor en otras partidas del presupuesto.